Okupar una vivienda en Elda: profesión o necesidad
La ocupación ilegal de una vivienda se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en nuestra población, especialmente a partir de la crisis económica de 2008, año de inflexión en el que muchas personas perdieron su casa como consecuencia de los desahucios por parte de las entidades bancarias después de que sus propietarios dejasen de pagar las hipotecas. Se estima que podría haber más de 400 viviendas ocupadas ilegalmente en la ciudad.
Algunos achacan el origen del problema a los denominados “fondos buitre”, fondos de capital de riesgo que compran deuda, en este caso viviendas que habían quedado en propiedad de los bancos y son adquiridas para ponerlas a la venta a escala internacional. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Elda-Petrer se declara en contra de este sistema y culpan a los fondos buitre de que haya aumentado hasta un 50 por ciento el precio del alquiler de estas viviendas, tanto en Elda como en otras poblaciones.
Los componentes de la PAH local actúan como mediadores entre las personas que sufren un desahucio y las entidades bancarias para negociar el pago de un alquiler social que permita a las familias seguir en la vivienda cuya hipoteca ya no pueden pagar. Martín Cutillas de la PAH asegura que últimamente les han llegado noticias de que la entidad bancaria no está renovando el alquiler a los propietarios, pese a que tienen más del 50 por ciento de su hipoteca pagada y les dicen que si dejan la vivienda antes del próximo mes de enero les darán unos 3.000 euros o, de lo contrario, serán desahuciados en unos meses. La PAH considera que el problema de la ocupación ilegal es consecuencia directa de la falta de viviendas sociales, siendo las más afectados las personas que pierden su empleo y los jóvenes que quieren emanciparse y no pueden por falta de recursos, “con viviendas sociales esto no ocurriría”, afirma.
La PAH sostiene que la afirmación de que “cada vez son más numerosos los okupas, genera una falsa alarma por parte de los propios fondos buitre, que son los mayores okupas del país, pues se quedan con las viviendas de vecinos que no pueden pagar sus hipotecas y lo hacen para evitar que ocupen viviendas vacías”. Entienden que otro caso distinto es el de las personas que usurpan una vivienda particular, lo cual “constituye un allanamiento de morada y entonces la ley tiene que actuar”, señala Martín Cutillas. La PAH de Elda ha intervenido en tres casos para negociar directamente con el banco el pago de un alquiler social de un 30 por ciento por un periodo de siete años, pero cuando pasa este tiempo estas personas tienen que buscar una salida.
Es evidente que cada vez se ven más carteles de se alquila o se vende en numerosos edificios de la ciudad. Estos carteles actúan como reclamo para aquellas personas que, o bien por pertenecer a un sector vulnerable económicamente, o bien porque han hecho de la ocupación su profesión, se dedican a usurpar una vivienda a su legítimo propietario, especialmente cuando la vivienda lleva vacía mucho tiempo.
Entrar a la fuerza
Esta dinámica ha cobrado auge en los últimos años, incluso en algunos casos se ha convertido en una actividad de tipo profesional, ya que hay personas que optan por dar la patada a la puerta y hacerse con una vivienda que no les pertenece, por circunstancias tales como estar sin trabajo y no recibir ningún tipo de ayuda, pero otros lo hacen por el mero hecho de evitar tener que pagar una casa. Desde la PAH también cuentan que hay casos de personas que perciben una renta pequeña por lo que la paga no les llega y pedir ayudas al Ayuntamiento resulta tedioso, e incluso estas ayudas son menos de lo que esperan, o no terminan de llegar, por lo que el método de la patada a la puerta es una solución para muchas personas, incluidos algunos inmigrantes que no tienen papeles y no pueden recurrir a otra fórmula para tener un techo.
Los casos son diversos, nos cuentan que en el seno de una familia de origen español, la mujer se quedó sin trabajo, y cuando dejó de pagar el alquiler, la propietaria la tiró a la calle, pero ella y su familia volvieron a la misma vivienda forzando la puerta. Estuvieron un tiempo y los volvieron a tirar, y repitieron el proceso en otra casa cercana. Hay personas que caen en este círculo vicioso y pasan años de una a otra vivienda. Otros siguen esta dinámica a la espera de ayudas, pero al no estar legalizados la subvención nunca llega. Sabemos de familias en la ciudad que viven el cabeza de familia junto con sus tres hijos y sus parejas en una misma casa, y ningún vecino sabe realmente de qué viven porque ninguno trabaja.
En nuestra población existen personas que ocupan una vivienda por necesidad, pero otras, incluidos algunos jóvenes, han hecho de la ocupación una dedicación a tiempo completo. Dentro de esta práctica, podríamos decir que la usurpación de una vivienda a un propietario plantea la existencia de diferentes tipos de okupas: el que entra en una vivienda a la fuerza, el que paga entre 400 y 500 euros para que le consigan una vivienda vacía, y el que compra la llave de la casa a otro ocupante también ilegal. En el segundo caso entran en juego los conocidos como “ojeadores” que van buscando viviendas vacías, especialmente en las áreas más deterioradas, para “ofrecerlas” a gente sin recursos que busca una casa abandonada.
Luz y agua gratis
Una vez que el okupa entra en una vivienda vacía, el primer inconveniente que encuentra es disponer de luz y agua. Algunos son maestros en el oficio del enganche ilegal a los suministros básicos, incluso proponen a los vecinos más remisos, a modo de acercamiento o complicidad, que ellos se encargan de hacerles el enganche a la luz ilegalmente, para evitar así que los denuncien, aunque son los menos.
Otro problema que conlleva la ocupación ilegal son los daños materiales que ocasionan en los inmuebles desde el momento en que entran por la fuerza, sin olvidar que al no reparar nada de lo que se estropea, la vivienda ocupada cada día se encuentra en peor estado. A los daños materiales como roturas de puertas o ventanas, se suma el malestar que se genera entre los vecinos, propietarios o inquilinos legales el tener vecinos ilegales. En algunos inmuebles de la localidad, las acciones de los okupas han llevado a los inquilinos o propietarios legales a abandonar sus casas por el malestar que se genera y de esta forma el edificio al completo es un inmueble ocupado ilegalmente.
Casos frecuentes
Al parecer no existe una tipología del okupa propiamente dicha. Una persona se puede convertir en okupa de la noche a la mañana, entre ellos chicos toxicómanos. Tal vez por ello es frecuente observar en nuestra ciudad que cada vez son más las viviendas casi abandonadas o vacías cuyas puertas y ventanas son tapiadas a cal y canto, pero igualmente los okupas logran abrir la puerta de la entrada general en el caso de los edificios y una vez dentro se las ingenian para acceder a una vivienda o casa vacía.
Los casos son numerosos. Las zonas de Caliu, Fraternidad, Nueva Fraternidad y Huerta Nueva son algunos de los principales focos de ocupación ilegal en la ciudad, en calles como Alcoy, Villena, Zarzuela, Virgen Fuensanta, Salzillo, Maestro Estruch y alrededores. Los vecinos son conocedores de la existencia de okupas en estas zonas. Uno de los casos ocurrió el pasado fin de semana en el casco antiguo, donde acudió la Policía Nacional tras detectar el aviso de que alguien estaba intentando entrar en tres viviendas vacías.
Incluso, en algún caso de desahucio de okupas ilegales, se ha comprobado que salen los ocupantes a la calle y a los treinta minutos vuelven a estar dentro de nuevo; o ver que en un piso que estaba cerrado, de repente se observa que hay gente en su interior, que funciona el aire acondicionado, la calefacción, hay juguetes por el suelo y todo aseado como si se hubiese convertido en una guardería, nos dicen. También ha habido desahucios en los que los okupas afirmaban que habían pagado para entrar a ese piso. Se encuentran escaleras de vecinos donde ponen candados en la puerta y sin problema los usurpadores los rompen y entran a vivir.
Es curioso el caso de un vecino de Elda que primero ocupó una vivienda en la Huerta Nueva durante unos días y luego la dejó a otros okupas y así sucesivamente. Esta persona hace poco que ha ocupado a su vez una casa de campo fuera de Elda. Por ello, en el término municipal Sax, propietarios de viviendas de residentes en Elda han organizado un sistema de control para evitar que haya más ocupaciones ilegales, coordinándose a través de whatsapp para alertar a la Guardia Civil, controlando las matrículas de coches sospechosos y a las personas que se mueven por el entorno para detectar las casas que están vacías.
También cerca de la Plaza de la Ficia, hace unos meses una familia fue desalojada de una vivienda recién ocupada en la calle Trinquete, tras la rápida llamada de alerta de un vecino. Un juez decretó el desalojo inmediato de la familia okupa que había entrado en esa vivienda. Como habían pasado menos de veinticuatro horas y la pareja mostró un contrato de alquiler falso, pudieron desalojarlos.
Un vecino de Nueva Fraternidad relata que en esta zona ha habido muchos okupas, pero que hay ahora han descendido. Uno de los propietarios, con la colaboración de sus vecinos, logró recuperar su vivienda “porque toda la escalera estuvimos unidos. Espiábamos a la familia y cuando salieron forzamos la cerradura y entramos”.
Esta persona y otros ciudadanos coinciden al afirmar que están en contra de que los bancos dejen a una familia en la calle cuando no pueden pagar, pero se oponen a que les usurpen las viviendas por la fuerza, “lo que ocurre es que muchos actúan como una mafia, e incluso acuden las mujeres con los niños y amenazan a los vecinos”. Efectivamente existe una “mafia” que controla este mercado, incluso anuncian las casas vacías por Wallapop para que entren familias enteras a vivir.
Los vecinos sostienen que las autoridades municipales y policiales conocen la situación, pero el concejal de Vivienda, Javier Rivera, señala que “las ocupaciones de vivienda en la ciudad no tienen una incidencia significativa”, de hecho “desde que entramos a gobernar en marzo de 2020 hemos atendido únicamente cinco casos de ocupación ilegal, y desde 2015 conocemos 39 casos en total. En su mayoría son familias que se han visto abocadas a recurrir a la ocupación forzosa por falta de alternativa habitacional, derivada de la crisis de 2008 y del COVID-19”. Además, cree que “el 93 por ciento han sido ocupaciones de viviendas pertenecientes a entidades financieras, que acumulan propiedades, tanto la banca como empresas filiales o fondos de inversión, que tras su adquisición bloquean la salida al mercado de las viviendas, especulando así con los precios con el objetivo de evitar abaratar las rentas de los alquileres y el precio de venta”, apunta Rivera.
En Elda se estima que hay 5.000 viviendas vacías, lo que supone un 17 por ciento del total (27.000), sin embargo, el listado de demandantes de vivienda social oscila sobre un centenar de solicitudes. Javier Rivera y su compañero Adrián Lázaro concluyen que el próximo año tienen como objetivo “hacer un plan de vivienda que diagnostique en qué estado se encuentra la situación del acceso a la vivienda en el municipio.
Las fuerzas de seguridad y los juzgados se coordinan para estudiar cada caso
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Valencia recuerdan que según el artículo 245.2 del Código Penal “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificaciones ajenas que no constituyan morada, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. Esta es la ley, pero en la práctica ocurre que el proceso de recuperación de una vivienda se prolonga durante meses.
Cuando se usurpa una vivienda que el propietario no usa, la ley establece que el ocupante se enfrentará a una pena de tres a seis meses de cárcel en caso de acceder sin violencia a la vivienda, y de uno a dos años de cárcel si existe violencia.
Por otro lado, existe una comisión provincial de Policía Judicial que se reúne periódicamente en Alicante, con el fin de unificar criterios entre las fuerzas de seguridad, juzgados y fiscalía, y dar respuesta a los delitos, puesto que cuando que se ocupa la que es considerada como primera vivienda se convierte en delito de allanamiento de morada. Esta comisión estudia cada caso para saber si se trata de okupas habituales o son familias en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso remiten el asunto a los Servicios Sociales de cada municipio. Previamente las fuerzas de seguridad se ponen en contacto con el perjudicado, para que haga constar las circunstancias de su propiedad.