La Conselleria firma la escritura que convierte a trece familias eldenses propietarias de sus viviendas sociales
La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, se ha trasladado hoy a Elda para asistir a la firma de las escrituras de 13 viviendas sociales. De ellas 10 corresponden al grupo Almafrá, una a Montecalvario, otra a Luis Vallet I y la última al grupo Luis Vallet II. De esta forma trece familias eldenses se han convertido en propietarias de pisos del parque público de la Generalitat.
Marín también se ha reunido con la concejala de Política de Acceso a la Vivienda de Elda, Nieves López, para analizar la situación de las viviendas sociales de la ciudad. Durante el encuentro, la directora de EIGE ha anunciado que se van a reparar diez viviendas más, que serán adjudicadas a familias con escasos recursos. En este encuentro también se ha analizado el desarrollo del plan de normalización que está en marcha en el grupo de viviendas públicas de la plaza Simón Bolívar.
Desde el pasado mes de octubre, la Conselleria se ha reunido hasta en diez ocasiones con las comunidades de vecinos para informarles de las bonificaciones y procedimientos para facilitar el pago de sus rentas. Serán los próximos 11 y 12 de abril cuando técnicos de EIGE recogerán la documentación presentada por los vecinos en las dependencias de los Servicios Sociales de Elda y la tramitarán.
A su vez está prevista la convocatoria de reuniones en las comunidades de propietarios de la plaza Simón Bolívar para transmitir la importancia que tiene el uso responsable de las viviendas y los espacios comunes, así como el compromiso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos.
La edil del área, Nieves López, ha afirmado que “este es un paso más para agilizar la adjudicación de viviendas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
La Conselleria, a través de EIGE, gestiona en Elda un total de 365 viviendas. Durante esta legislatura, la Generalitat ha reparado y adjudicado cinco viviendas, tres de ellas a personas afectadas por una ejecución hipotecaria y dos a familias víctimas de violencia de género.
