Socios y trabajadores de Asprodis denuncian el "bloqueo institucional y el acoso laboral" que sufren por la actual Junta en funciones

Unas 200 personas entre familiares, socios y trabajadores de Asprodis, Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda, Petrer y Comarca, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento hoy sábado para mostrar públicamente su malestar con la actual junta directiva en funciones. Les acusan de "acoso laboral y de realizar una mala gestión". Además explican que "la situación afecta de manera irremediable al funcionamiento de los servicios y a la atención de las personas con discapacidad intelectual y a los beneficiarios de la entidad", a través de un manifiesto que se ha leído. 

En el manifiesto afirman que Asprodis "sufre un bloqueo institucional por parte de dicha junta, pues sus miembros, encabezados por la presidenta Carmen Oliva, se niegan a convocar elecciones". Este hecho ha sido denunciado en el Juzgado de Elda por los socios, es decir, padres de los usuarios de Asprodis, al entender que "es una situación ilegal". También afirman que durante tres años Oliva no pisó el centro y no dejó a nadie al cargo.

Esta atípica situación ha provocado "problemas institucionales" y además, explican, "la Junta sigue decidiendo sobre temas en los que carece de competencias como Junta en funciones, actuando de manera poco honorable". Esta situación ha sido denunciada ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la persona del director territorial de Diversidad Funcional así como ante los concejales de las localidades de Elda y Petrer. Pero tras no encontrar una solución, estos padres, socios y trabajadores han decidido "llevar el problema a la ciudadanía puesto que Asprodis es una asociación de interés público y su funcionamiento afecta a todos".

Esta entidad atiende diariamente a más de 250 personas, tienen más de 100 trabajadores repartidos en cuatro centros de trabajo. Denuncian que "hay una campaña de acoso a los directores de los centros así como se está dilapidando el dinero en sistemas que menosprecian la intimidad de los usuarios, como colocar cámaras muy costosas, en lugar de invertir en la mejora de la calidad de vida". Además critican que hay una "política de contratación por amiguismo, lo que ha desembocado en una denuncia a inspección de trabajo y a que se tenga que expedientar a la asociación y que se gaste el dinero en tapar la mala gestión de la Junta". 

Uno de los padres afectados ha explicado a Valle de Elda que "la presidenta dimitió en dicha reunión y se llegó a crear una junta gestora. Al los dos días llegó a Aspodis negando lo que había hecho, a pesar de que firmó dicha dimisión, por ello los socios denunciamos esta situación atípica". Lamentan que "incluso contrata y despide a gente cuando una junta en funciones no puede hacerlo". En últimas fechas se ha pedido una reunión con padres, profesores, socios y la junta y, según afirma una de las madres de un usuario del centro, "desde la junta se niega esta posibilidad". 

Por todo ello piden que se inicie cuanto antes el proceso electoral "para que se desvinculen totalmente de la asociación los actuales miembros de la junta".

Respuesta Junta Directiva

Desde la Junta Directiva se ha enviado un comunicado asegurando que "Asprodis no tiene nada que ver con la convocatoria de rueda de prensa que unos desconocidos han anunciado que van a realizar el sábado". Asimismo afirman que en septiembre "se comunicó a los socios que en noviembre se iniciará el proceso electoral que viene previsto en el  reglamento de la asociación, con el fin de intentar superar las diferencias que se habían producido en la última asamblea, cuando algunos de los miembros de la Junta Directiva dimitieron presionados por un grupo de agitadores".

El Ayuntamiento

La edil de Servicios Sociales, Alba García, que ha estado en esta manifestación junto a la edil Pilar Calpena, ha indicado a Valle de Elda que tanto el alcalde Rubén Alfaro como ella misma se han reunido con ambas partes, para intentar ayudar en la medida de sus posibilidades, pero al tratarse de una asociación privada sin ánimo de lucro el Consistorio no puede intervenir, así como tampoco la Generalitat Valenciana, pues desde Conselleria se ha comprobado que los contratos de los 109 trabajadores de Asprodis están en orden. Por ello, García cree que lo mejor es que si creen que se está haciendo algo ilegal deben, como están haciendo, acudir a la justicia así como solicitar inspecciones de trabajo.