jueves, 21 de noviembre de 2024

El PSOE denuncia impagos del Consell al personal de limpieza de 20 centros educativos de Elda

El PSOE pide al Consell una solución ante la supuesta imposibilidad de pago por parte de la empresa contratada
Marta Ortega
28 agosto 2024
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El PSOE denuncia impagos del Consell al personal de limpieza de 20 centros educativos de Elda
El IES La Melva | Nando Verdú.

El personal de limpieza de 20 centros públicos educativos, unas 50 personas, no han cobrado su sueldo desde el pasado mes de junio. Así lo ha denunciado la portavoz de Empleo del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, quien asegura que “estos profesionales contratados por Costa Azahar Més Net SL. no han cobrado el 70% de la nómina del mes de junio, tampoco la paga extra o la liquidación correspondiente al personal fijo discontinuo, que representa en torno al 90% de la plantilla”.

Por ello los socialistas piden en Valencia que el Consell “asegure los salarios impagados del personal de limpieza de 70 centros docentes públicos antes de que se inicie el curso escolar y también que garantice el servicio en todas las instalaciones afectadas”. Asimismo, la diputada lamenta “el silencio y dejadez” de la Conselleria de Educación y asegura que “el Consell de Mazón debe velar y controlar que los servicios externalizados sean adecuados, así como las condiciones de los profesionales que los ejecutan”.

La situación de impago afecta, además de los 20 centros de la ciudad, a colegios, institutos, escuelas infantiles y de idiomas de Petrer, Monóvar, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Pinoso, Alcoy, Castalla, Ibi, Onil, Sax, Villena, Cocentaina, Muro de Alcoy, Biar y Banyeres de Mariola.

El PSOE cree que esta coyuntura puede provocar que los centros educativos se encuentren “sin higienizar y sin condiciones óptimas de limpieza” al inicio del curso. La diputada socialista ha explicado que se han visto implicados hasta 70 centros educativos de las provincias de Alicante y València, siendo las comarcas del Vinalopó y L’Alcoià las más perjudicadas.

“Si la empresa ya ha comunicado a la Administración su insostenibilidad financiera para hacer frente a su obligación con las trabajadoras y los trabajadores, la Conselleria tiene el deber de actuar de forma ágil para buscar alternativas viables que resuelvan la situación”, ha concluido.

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