Elda suscribe un manifiesto contra el acuerdo de la Unión Europea y Turquía para la expulsión de refugiados

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elda han firmado una declaración institucional por la que se oponen al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la expulsión colectiva de refugiados a territorio turco o a cualquier estado no miembro de la Unión Europea. 

Los representantes políticos han leído un manifiesto a las puertas del Consistorio para explicar que "Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen", expresando así su más enérgica repulsa ante "el ilegal e inhumano acuerdo entre la Unión Europea y Turquía respecto a la población refugiada".

El acuerdo aprobado supone que las personas que lleguen "ilegalmente" a las costas griegas serán expulsadas a Turquía, convirtiendo este país en "un campo de retención de refugiados" desde el que luego traer a la UE un número de refugiados equivalente al de expulsiones. 

Añaden que "en los últimos meses hemos visto cómo dirigentes de numerosos países de la Unión Europea debido a su falta de voluntad política y pésima gestión de estos flujos migratorios e incumplimiento de sus obligaciones legales, añadían su negligencia para impedir ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania y Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas".

Elda es una de las ciudades declaradas "de acogida", pero hasta ahora a España solo han llegado 18 refugiados. 

La Corporación municipal pide en el citado manifiesto que "se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado, y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la convención; que se refuercen los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica a favor de los refugiados y continuar con la puesta en marcha, en colaboración con el resto de los estados miembros, de las acciones necesarias para la efectiva reubicación de las personas solicitantes de asilo o refugio, en atención a los compromisos adquiridos por España en 2015 en el seno de la Unión Europea". 

También plantean que se haga una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales internacionales, entre otras cuestiones.